Se ve venir...se ve venir... y muy rápido. El Decreto Supremo sobre redistribución de escaños parlamentarios está listo para ser lanzado sonoramente desde el Palacio de Gobierno. Los ojos del presidente Eduardo Rodríguez están puestos en la “cumbre” de comités cívicos y brigadas parlamentarias departamentales que desde ayer se realiza en la ciudad de Santa Cruz para lograr consenso sobre ese tema. Si en las próximas horas no sale “humo blanco” como se espera, el Poder Ejecutivo actuará “asumiendo todas las consecuencias” de resolver por decreto lo que debía haber sido solucionado por ley.
La “cumbre” parece inevitablemente condenada al fracaso. PRIMERO, por la ausencia del Comité Cívico y la brigada parlamentaria de Potosí, ya que no puede haber consenso si una de las partes interesadas se automargina de la reunión. SEGUNDO, porque lo único que se ha oído en lo que va de la “cumbre” es la repetición machacona de propuestas ya conocidas y que anteriormente no lograron consenso en el Poder Legislativo. TERCERO, porque las posiciones se mantienen inflexibles, especialmente por parte de Santa Cruz que exige cuatro diputaciones y Cochabamba que reclama dos aunque con cierta disposición a ceder si Santa Cruz también lo hicera. CUARTO, porque la misma inflexibilidad se observa en los departamentos que eventualmente perderían escaños, como Potosí que no permitirá que le disminuyan “ni medio diputado”; Oruro y La Paz están en lo mismo.
Por lo dicho, la “cumbre” de Santa Cruz parece haber nacido muerta...y da la casualidad que precisamente mañana, miércoles 2 de noviembre, es Día de Difuntos. Sólo si aconteciera un milagro de último momento podría emerger una solución de ese cónclave cívico. Lamentablemente ya no vivimos en tiempos de milagros.
¿Qué pasará cuando el Poder Ejecutivo emita el Decreto Supremo de redistribución de escaños parlamentarios y señalamiento de nueva fecha para las elecciones generales y de prefectos (se habla de segundo o del tercer domingo de diciembre)?
El Comité Cívico y la brigada parlamentaria de Santa Cruz han anunciado ya que interpondrán ante el Tribunal Constitucional recursos de inconstitucionalidad de ese decreto. Además, como región lo rechazarán abiertamente convocando a elección departamental de prefecto para diciembre. Los comités cívicos de Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, Beni y Pando, probablemente harán lo mismo.
Quedarían en solitario los departamentos de Potosí, Oruro y La Paz que son precisamente los que perderían diputaciones si la redistribución se hiciese conforme a los incrementos y decrementos poblacionales registrados en el último censo del año 1991. Y podría acontecer que estos tres departamentos tampoco estén de acuerdo con el Decreto Supremo que les obligaría a ceder algunas diputaciones, aunque no el total de lo que se preveía.
El Poder Ejecutivo confía en que la mayoría de la población en todo el país, que según las encuestas quiere elecciones generales en diciembre, apoye la acción del Poder Ejecutivo y presione sobre los comités cívicos regionales para que acepten esa solución.
Con relación a los recursos de inconstitucionalidad que serán presentados el Poder Ejecutivo confía en que el Tribunal Constitucional, considerando que el Pacto de San José de Costa Rica autoriza al Poder Ejecutivo a proceder mediante decretos en situaciones especiales, cuando el Congreso no puede resolver problemas que afectan a derechos humanos fundamentales. En este caso está en juego el derecho soberano del pueblo a elegir a sus gobernantes democráticamente y, además, la circunstancia de que entre la redistribución de escaños parlamentarios y la preservación del sistema democrático mediante elecciones el bien mayor, sin duda, es el segundo.
Esperemos que el Día de Difuntos, mañana, no sea nefasto para la democracia en Bolivia.
MINUCIO
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