Increíble, pero cierto. Las empresas petroleras transnacionales que hoy debían estar sentadas en el banquillo de los acusados por no haber adecuado sus contratos a la nueva Ley de Hidrocarburos, baten palmas con gozo mientras observan desde palco una pelea absurda que por este motivo se ha desatado entre los poderes Legislativo y Ejecutivo de Bolivia.
Al fenecer el plazo de 180 días establecido por la Ley de Hidrocarburos para la “migración” (adecuación) de contratos al nuevo régimen establecido por esa norma, el Presidente Rodríguez informó al Congreso que ninguna de las petroleras cumplió tal disposición; al mismo tiempo sostuvo que el Poder Ejecutivo se ve impedido de aplicar medidas porque en dicha ley el artículo 5° que dispone la migración obligatoria de contratos tiene un vacío legal ya que no prevé ninguna sanción en caso de incumplimiento.
Esa insinuación, que tácitamente responsabiliza al Poder Legislativo por tan grave omisión, irritó profundamente a los congresistas quienes tras una rápida consideración del informe presidencial lo rechazaron remarcando que no aceptan que el Ejecutivo pretenda pasarle la pelota al parlamento, a hora nona, cuando tuvo 180 días para detectar que había un vacío legal y para proponer una enmienda oportuna de esa falencia.
Senadores y diputados coinciden en señalar que por mandato de la Constitución es atribución del Presidente de la República “Ejecutar y hacer cumplir las leyes, expidiendo los decretos y órdenes convenientes...” lo cual evidentemente no hizo el Poder Ejecutivo respecto a la migración de los contratos petroleros que impone la Ley de Hidrocarburos con carácter obligatorio para las empresas transnacionales. Lo peor, dicen, es que el Ejecutivo abrió espacios de “negociación” con las petroleras en esa materia, olvidando que la Ley se cumple, no se negocia.
El tema de la migración de contratos petroleros ha deteriorado gravemente la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, relación que había quedado desportillada después de dos meses de tira y afloja por la redistribución de escaños parlamentarios. En el Congreso había bronca contenida contra Rodríguez porque mediante Decreto Supremo puso fin al lío de los escaños, dejando mal parados a los legisladores.
Ahora, el informe sobre la migración de contratos permite a los congresistas dar rienda suelta a su bronca y desquitarse de Rodríguez. Para ello nada mejor que iniciarle un juicio de responsabilidades por incumplimiento de su atribución constitucional de hacer cumplir la ley. En la Cámara de Diputados ya existe consenso para abrir ese juicio.
Este enfrentamiento entre dos poderes del Estado que deberían estar unidos codo a codo para lograr que se aplique plenamente la Ley de Hidrocarburos, ha fortalecido a las empresas petroleras transnacionales que del tímido cuestionamiento a la migración de contratos han pasado a un abierto rechazo de tal adecuación, además de plantear objeciones a otros aspectos de dicha ley en aspectos operativos e impositivos.
Dividir para reinar, dice un refrán aplicable a la situación actual. Mientras los bolivianos estemos divididos y enfrentados como hoy están los poderes Ejecutivo y Legislativo, las transnacionales petroleras seguirán reinando en nuestro país.
MINUCIO
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