La Asamblea Constituyente avanza a paso de tortuga, tan lentamente que parece no avanzar nada. Después de 90 días lo único que pueden mostrar los asambleistas es la aprobación de un centenar de artículos *no conflictivos* del Reglamento de Debates, quedando pendientes -como el primer día- los temas *conflictivos*, entre ellos el más controvertido: si la aprobación de los artículos de la nueva Constitución Política del Estado se hará por la mitad más uno de votos (mayoría absoluta) o por dos tercios.
Cuando eso se defina -probablemente hasta fin de año- imponiendo por rodillo mayoritario oficialista el sistema de la mitad más uno de votos, la Asamblea Constituyente ingresará a su tarea principal: el debate y aprobación del nuevo texto constitucional artículo por artículo.
Teniendo en cuenta que la bancada oficialista del Movimiento al Socialismo cuenta con la mitad más uno del total de los asambleistas, es previsible que bajo la modalidad aprobatoria de mayoría absoluta -excluyente del consenso entre mayoría y minorías inherente a los dos tercios- el texto de la nueva Constitución Política del Estado será aprobado rápidamente en el tiempo de convenga al Poder Ejecutivo y que concuerde con un cronograma electoral post Asamblea Constituyente que comenzará con el Referéndum de SI o NO a la nueva Constitución.
Si en ese Referéndum gana el SI -resultado que los masistas dan por seguro- el paso siguiente sería una convocatoria a elecciones generales en julio de 2008 para renovar por voto popular los tres poderes del Estado -Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, además de las máximas autoridades regionales -Prefectos y Alcaldes- e incluso vocales de la Corte Nacional Electoral y miembros de un cuarto poder de Control Social.
Según asambleístas del MAS el nuevo estado que emergerá de la nueva Constitución debe edificarse sobre nuevos poderes, nuevos gobernantes y nuevas autoridades a todo nivel, para lo cual el camino ya estaría allanado por la declaratoria de la Asamblea Constituyente como “originaria” en el artículo primero del Reglamento de Debates.
Esto implicaría un acortamiento global de mandatos, comenzando por el del presidente de la República, Evo Morales , cuya gestión iniciada el 22 de enero de 2006 para un período de cinco años, vale decir hasta el 2011, concluiría en el 2008.
Igual acortamiento se produciría en el Poder Legislativo donde los mandatos quinquenales de 130 diputados y 27 senadores, previstos también hasta el 2011, fenecerían abruptamente el 2008.
Respecto al Poder Judicial, constituido por la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el Consejo de la Judicatura, cuyos vocales son elegidos congresalmente por un período de 10 años, sus cargos quedarían vacantes el 2008, siendo probable que los magistrados sucesores sean elegidos por voto popular y sólo por un período de cinco años.
Con los prefectos y alcaldes sucedería lo mismo que con el presidente, los diputados y los senadores. Además podría crecer su número en caso de concretarse la tendencia de redistribución territorial que propicia el oficialismo. Actualmente hay nueve departamentos y 320 municipios.
En este plan de cambios podría acontecer que a los tres poderes tradicionales del Estado se sumen dos nuevos: el Poder Electoral que sustituiría a la actual Corte Nacional Electoral y el Poder de Control Social como expresión de los movimientos sociales, con todos sus miembros elegidos por voto popular directo.
Podría parecer muy imaginativo hablar de estos futuros cambios cuando la Asamblea Constituyente aún no termina de dar su primer paso: la aprobación del Reglamento de Debates. Sin embargo los constituyentes del MAS ya dan por hecho todo eso.
Cuando el río suena es porque trae piedras. ¿Verdad?
MINUCIO
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