ARMANDO MARIACA V.
El decreto para nacionalizar los hidrocarburos del país, aprobado el 1º de mayo, causó diversas reacciones: internamente, de gran complacencia, aprobación y apoyo porque corrigió los grandes y graves errores de las políticas de capitalización; por otra parte, reacciones negativas de quienes ven con escepticismo todo lo que pueda significar, especialmente por lo que se teme: pérdida de confianza en Bolivia, carencia de estabilidad jurídica y, por supuesto, reacciones adversas de posibles nuevos capitalistas que, se dice, esperarán que el “ambiente nacionalizador” se apacigüe, se aplaque y se definan reglas de juego.
Entre las reacciones están – como era lógico esperar – los sentimientos de sorpresa, estupefacción y hasta alarma de las compañías petroleras que operan en el país. Las reacciones han sido de diverso tipo y, según uno u otro medio de comunicación y hasta declaraciones de algunos de los personajes representantes de esas empresas, se habrían emitido criterios de resignación, de aceptación, de “ver qué pasa”, de esperar las negociaciones en el lapso de 180 días y varias otras posturas y posiciones que nadie sabe en qué puedan concluir o qué significarán a futuro. Las principales inversionistas: Petrobras y Repsol han mostrado actitudes conciliadoras, aunque disimuladamente y hasta con cierta diplomacia, apoyadas, en su caso por los gobiernos de Brasil y España respectivamente; pero que, en el fondo, señalan posiciones de rechazo, de negarse a invertir más en el futuro inmediato si es que “no se respetan acuerdos existentes”.
La verdad es una: el paso o retorno de los yacimientos de hidrocarburos al país, como dijo el Presidente Evo Morales, “es irrevisable”; en otras palabras, no tiene vuelta y quienes se sientan afectados tendrán que ajustarse, acomodarse a las nuevas condiciones tanto de la nueva Ley de Hidrocarburos como al decreto de nacionalización; de otro modo, tendrían los caminos expeditos para resolver lo que “mejor convenga a sus intereses”; pero, hay una verdad que, en el campo de los hidrocarburos, rige a nivel mundial: petróleo y gas son necesarios en todas partes y quienes no poseen las reservas necesarias – especialmente de gas – aunque cuenten con producción muy grande del oro negro, tendrán que atenerse a las leyes bolivianas.
El Brasil y la Argentina han reaccionado bajo la creencia de que anteriores contratos por las ventas de gas a ambos países, serían “irrevisables” o “inmodificables” especialmente en lo que se refiere a precios por millar de pies cúbicos. En algunos círculos gubernamentales se habló hace pocas semanas de “conseguir aumento de $us. 1 por millar de pies cúbicos”, lógicamente, con la certeza de que ambos países, Brasil y Argentina, no acepten. Al respecto, hay una realidad innegable que, para nosotros los bolivianos, rige desde hace mucho tiempo: hemos vendido gas a ambos países a precios infinitamente inferiores a los que rigen en el mercado internacional; consecuentemente, corresponderá que, a partir de ahora, se suban sustancialmente esos precios, y todo acomodado al decreto de nacionalización y, sobre todo, ajustado a las conveniencias de Bolivia que, dígase lo que sea, ha sido perjudicada en sus intereses – lo mismo que con los minerales hace mucho tiempo –, tan sólo por “contar con mercados seguros” para el gas y aceptar, por sentimientos de solidaridad, de hermandad latinoamericana apoyo a las necesidades de dos países vecinos, los precios que ellos han impuesto.
Lo que se envía al Brasil – algo más de 900 millones de pies cúbicos por día y a Argentina, más de 140 millones de pies cúbicos –, colocados a precios internacionales, daría resultados muy positivos, ingresos que, a más de significar capitales importantes para potenciar efectivamente a YPFB, daría lugar a contar con dinero para obras de infraestructura (caminos, puentes y hasta vías ferroviarias) y atención prioritaria a las urgencias en salud y educación.
Efectivamente, por la amistad que tenemos tanto con Argentina como con el Brasil, seguramente habrán sentimientos para “bajar algo” de las cotizaciones internacionales; de ocurrir ello, no podría ser, en ningún momento, que esas rebajas sean sustanciales habida cuenta que con cualquier rebaja que se conceda, ambos países se beneficiarán grandemente aunque a costa de perder las situaciones de privilegio que tenían con nuestro país. Es preciso considerar, además, que los nuevos precios que rigen para el petróleo (más o menos 75 dólares por barril) dará lugar a elevaciones considerables en los precios de gas; esto, por sí mismo, debe impedirnos tratamientos graciosos tanto a Brasil como a Argentina que impliquen más perjuicios para Bolivia.
Finalmente, hay que decir que gas y petróleo seguirán siendo energéticos que necesitan ambos países y, con ellos, la comunidad que no tiene reservas de hidrocarburos. Que habrá reclamos y, nada raro, hasta amenazas de recurrir a tribunales internacionales, es innegable; pero, a nuestra vez, habría que preguntar a ambos países si ellos nos harían rebajas considerables para lo que les compremos y, con seguridad, que la respuesta será un no contundente. Reclamar, pues, tratamientos especiales, de consideración, de hermandad – como se lo hizo el año 2004 – no corresponde en las actuales circunstancias y, menos, cuando la razón nos asiste en todo sentido por la misma vigencia de altos precios en el mercado internacional.
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