Hace 17 días el presidente Evo Morales proclamó la nacionalización de los hidrocarburos, dando lectura al Decreto Supremo 28701 cuyo artículo primero señala que “En ejercicio de la soberanía nacional, obedeciendo el mandato del pueblo boliviano expresado en el Referéndum vinculante del 18 de julio de 2004 y en aplicación estricta de los preceptos constitucionales, se nacionalizan los recursos hidrocarburíferos del país. El Estado recupera la propiedad, la posesión y el control total y absoluto de estos recursos.”
Esta medida, que los bolivianos preveían desde hace 22 meses, luego del Referéndum vinculante, fue recibida con satisfacción aunque sin sorpresa ni algarabía en el plano interno, pero causó gran revuelo, temores y preocupaciones en el plano internacional, tanto que durante una quincena fue noticia de primera plana en América y Europa con amplio despliegue de los discursos y declaraciones de Evo Morales quien fue puesto en papel de “estrella” mediática durante la Cumbre de Viena.
¿Por qué fue mínimo el impacto de esta nacionalización de los hidrocarburos en el país?. Primero, porque ya estaba cantada. Segundo, porque es la tercera nacionalización de hidrocarburos que se produce en Bolivia. La primera fue el año 1937 durante el gobierno militar del Cnl. David Toro, cuando tuvo que irse del país la Standar Oil Co. cuyas instalaciones fueron expropiadas. Esa nacionalización dio lugar a la fundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
La segunda se hizo en 1969 cuando fungía como presidente de un gobierno militar-civil de facto el Gral. Alfredo Ovando Candia. La Gulf Oil Co. fue expulsada; el Ejército ocupó los campos petroleros y gasíferos que operaba esa transnacional y todas sus instalaciones expropiadas pasaron a manos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) empresa estatal que entonces tenía capacidad técnica y financiera para dar continuidad a la actividad productiva de la Gulf que fue indemnizada en pagos diferidos a lo largo de una década.
Cabe remarcar que en esas nacionalizaciones anteriores los golpes a ambas transnacionales fueron contundentes, no sólo por la ocupación militar real y total de sus campos y oficinas, sincronizada con el inmediato control y operación de los mismos por la empresa estatal YPFB, sino porque las empresas afectadas fueron virtualmente expulsadas el país.
En la reciente y tercera nacionalización de los hidrocarburos el decreto no fue acompañado por hechos como los descritos. Tropas del ejército se desplazaron a los campos de las empresas transnacionales, pero más en actitud de resguardo de la seguridad de las plantas, refinerías e infraestructura física que de apropiación. Quizás por esto la reacción de los sectores sociales y de la población en general fue de aprobación más silenciosa que clamorosa, pese al gran despliegue publicitario gubernamental que exaltaba superlativamente la medida.
Esto no desmerece en absoluto la importancia mayúscula de la tercera nacionalización. Simplemente confirma que el pueblo es como Santo Tomás que decía “ver para creer”. En los 17 días corridos desde el 1 de mayo lo que se ve es lo mismo que antes de esa fecha. Al margen del resguardo militar en los campos a su cargo (ahora nacionalizados) las empresas transnacionales y su personal siguen operando en ellos, manteniéndose el mismo ritmo y modalidades de producción que antes de esa fecha. El abastecimiento de carburantes es normal, como en abril. Eso es lo que se ve.
Sin embargo, lo que no se ve y sólo trasciende por la prensa son las negociaciones entre autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y de YPFB con ejecutivos de las empresas transnacionales afectadas por la nacionalización. Hay tensión no sólo entre esas empresas y el gobierno sino también entre éste y los gobiernos de otros países como Brasil y España que reclaman seguridad jurídica.
Por otro lado, el control real del gobierno mediante YPFB en los directorios de las petroleras transnacionales que operan en el país se hará efectivo recién a partir de la próxima semana cuando las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) transfieran a la petrolera estatal las acciones (49 %) que hasta ahora son de los bolivianos en las empresas petroleras capitalizadas y cuya rentabilidad garantiza el pago del Bonosol (Bs 1.800 por año) a los mayores de 65 años.
La resistencia inicial de las AFPs a transferir esas acciones a YPFB a título gratuito, fue vencida por el gobierno a principios de esta semana mediante un decreto supremo que conmina a los fondos de pensiones a transferir esas acciones hasta mañana viernes, so pena de ser intervenidas. El paso siguiente del gobierno tendrá que ser la negociación con las transnacionales para que cedan las acciones faltantes a fin de que YPFB tenga el 51 por ciento en los directorios. En unos casos sólo hará falta un dos por ciento, en otros bastante más.
Como se ve hay avances, pero no con la rapidez que sería deseable. En todo caso parece que en esto de las nacionalizaciones de hidrocarburos en Bolivia “la tercera será la vencida”. Seguiremos con el tema.
MINUCIO
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