"La consigna es avasallar y hay orden de no aflojar", me dijo un amigo masista cuando comentábamos -medio en broma y medio en serio- lo que está aconteciendo en los campos político, económico y social del país.
Esa frase, aparentemente lanzada a la ligera, en realidad tiene mucho de serio y poco de broma, pues, los hechos recientes demuestran que el avasallamiento gubernamental responde a un plan cuidadosamente elaborado cuyo primer objetivo es desestabilizar a los gobiernos departamentales no alineados con el oficialismo.
Lo último en este avance gubernamental hacia un centralismo absoluto con succión de recursos regionales es el recorte y desvío de las regalías e ingresos por coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que por mandato de la Ley de Hidrocarburos corresponden a los departamentos productores de gas. Algo así como un durísimo golpe bajo a esas regiones.
El detonante del problema que ahora enfrenta a los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba con el gobierno, es el convenio suscrito entre Bolivia y Argentina el pasado 29 de junio incrementando el precio del gas. En la cláusula sexta de ese convenio, que entrará en vigencia a partir desde mañana 15 de julio hasta el 31 de diciembre, se establece que la diferencia entre el anterior precio y el nuevo irá integramente a favor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Los departamentos productores consideran que sería ilegal ese desvío del excedente por venta de gas a la Argentina porque cercena los derechos establecidos por las regalías, la coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y el Fondo de Compensación, desconociendo la participación legal de estos recursos por parte de las prefecturas, los gobiernos municipales y las universidades públicas.
El presidente de YPFB, por su parte, afirmó que el ente petrolero estatal a su cargo retendrá no sólo el excedente sino todos los fondos resultantes de la venta de gas a la Argentina y luego los distribuirá entre las regiones tal cual establece la ley. Esta declaración, lejos de aplacar los temores regionales introdujo más confusión en el tema, pues da a entender que YPFB no sólo quiere la mano sino el codo y todo el brazo, vale decir no sólo el excedente por incremento del precio de venta de gas a la Argentina sino la totalidad de los ingresos por ese concepto.
En medio de este entredicho saltó “la madre del cordero” por boca de otros ministros, entre ellos el de Hacienda. Lo que el gobierno quiere es que se haga "una distribución más racional de los recursos del gas". Argumenta que actualmente las prefecturas y las alcaldías tienen en sus cuentas aproximadamente 556 millones de dólares sin utilizar, lo cual revela que no tienen capacidad de gasto en inversiones que generen desarrollo y empleo. Por esto el gobierno propone "un gran debate" para avanzar hacia una redistribución que posibilite la industrialización del gas que consideran "el segundo capítulo de la nacionalización".
La confrontación entre regiones autonomistas y el gobierno del MAS se ha mantenido desde hace siete meses en el plano discursivo. Ahora el gobierno apunta a confiscar los recursos económicos regionales, lo cual equivaldría a quitarles el oxígeno para que perezcan por asfixia. Los departamentos afectados se defenderán con uñas y dientes. Ni duda cabe.
MINUCIO
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