La buena costumbre de otorgar un período de “luna de miel” social a todo gobierno entrante, consistente en 100 días de respiro sin presiones ni conflictos, ha sido olvidada por completo respecto al nuevo régimen del presidente Evo Morales quien tomó las riendas del poder el pasado 22 de enero, hace exactamente 12 días. Haciendo números, hasta la fecha tendríamos el balance preocupante de más de un conflicto por día.
En tan corto tiempo Evo fue objeto de presiones por parte de sectores diversos que le pasaban facturas por el apoyo brindado a su candidatura presidencial, unos exigiendo ministerios u otras tajadas dentro del Poder Ejecutivo; otros demandando instrumentos legales que favorezcan a sus grupos, y miles de desocupados unidos en sindicato reclamando puestos de trabajo en la administración pública. Estas demandas, como siempre, “reforzadas”con marchas callejeras que terminan en concentraciones clamorosas frente al Palacio de Gobierno hasta que algún alto funcionario sale para prometerles atención favorable.
Al igual que en el pasado, tales movilizaciones siempre van del brazo con amenazas de “radicalización” de las presiones mediante huelgas de hambre, bloqueos de caminos y otros recursos que antes fueron utilizados por el mismo Evo, el MAS y los movimientos sociales para arrinconar a gobiernos e incluso tumbarlos. Podría decirse que al nuevo presidente le están haciendo probar su propia medicina, sin consideración alguna a sus antecedentes de aguerrido dirigente cocalero.
El mecanismo de las presiones como punta de lanza de los movimientos sociales en procura de conquistas no ha cambiado y, por lo que estamos viendo, tampoco cambia la forma de resolver esos conflictos por parte del Poder Ejecutivo el cual, aparentemente temeroso o quizás imposibilitado de decir “no”, cede en toda la línea o hace concesiones tipo “parche” cuyo efecto es meramente paliativo y que sólo adormecen el conflicto por algunos meses.
Por ejemplo, el conflicto suscitado por los comerciantes en ropa usada, cuya importación y venta debía cesar hace dos días en virtud de un decreto del anterior gobierno, fue “resuelto” ampliando por seis meses ese comercio que se nutre del contrabando, evade impuestos y compite deslealmente con la industria de ropa nacional. Otro conflicto promovido por miles de propietarios de vehículos internados de contrabando y que demandan legalización de esos automotores “chutos”, va por el mismo camino de la solución complaciente, con ostensible debilitamiento de la normativa vigente sobre importación legal de motorizados y régimen de control aduanero.
Hay conflictos en ciernes con los maestros, quienes a pocos dìas de la iniciación del año escolar exigen fuerte incremento salarial amenazando con huelga si su demanda no es atendida; igualmente con la Central Obrera Bolivia que ha dado plazo al gobierno para cumplir su promesa electoral de nacionalizar los hidrocarburos, convocar a la Asamblea Constituyente y abrogar el Decreto Supremo 21060 en el cual se asienta el modelo económico neoliberal, todo esto bajo la amenaza de paros, bloqueos de caminos y convulsión social.
Tales amenazas sindicales al Poder Ejecutivo pecan de prematuras e irracionales porque todas esas medidas ocupan lugar prioritario dentro del programa gubernamental y su ejecución está prevista a muy corto plazo. Sin embargo, no obstante el cambio que significa la asunción al poder de Evo Morales, considerado legítimo representante de los movimientos sociales, continúa vigente la cultura de la presión y las acciones de hecho por encima del imperio de la ley, del diálogo y de la concertación.
La descomunal magnitud y profundo arraigo de la cultura de la presión en nuestro país resalta en declaraciones que el mismo presidente Evo Morales hizo ayer ante dirigentes laborales de la ciudad de El Alto. Dijo que convocará a la presión popular sobre el Congreso Nacional para que se apruebe por dos tercios de votos el proyecto de Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente elaborado por el Poder Ejecutivo y que próximamente será remitido al Poder Legislativo.
“Yo sólo creo en la fuerza del pueblo, en la unidad del pueblo” sostuvo Morales al explicar que no obstante la mayoría parlamentaria que tiene el MAS su número no alcanza a los dos tercios de votos requeridos para la aprobación de esa convocatoria. Esta declaración es preocupante porque revela menosprecio al imperio de la Ley y a los procedimientos legales como pilar del sistema democrático, mientras paralelamente se exalta la “presión popular” como recurso supremo para imponer cambios.
Si el presidente Evo Morales piensa y obra de esta manera no puede causar extrañeza verlo permanentemente acosado en Palacio de Gobierno por sectores sociales grandes y pequeños que le exigen hacer cosas -buenas o malas, no importa- bajo la amenaza del garrotazo en la nuca e ignorando olímpicamente el sometimiento a la Ley. Al fin y al cabo sólo están siguiendo el ejemplo presidencial.
MINUCIO
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