El cultivo de la hoja de coca y la fabricación de cocaína en Bolivia son dos temas que siempre han estado ligados indisolublemente, ocupando lugar prioritario en la relación bilateral con los Estados Unidos de Norte América y en el otorgamiento de cooperación económica de ese país al nuestro.
Cada cambio de gobierno, desde los años setenta del siglo XX, ya sea en dictaduras o en democracias, dio lugar a variaciones de diversa magnitud en las políticas relacionadas con la producción de hoja de coca y en la lucha contra el narcotráfico, manteniéndose como pilar fundamental de esas políticas la famosa Ley 1008 (Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas).
La década de los setentas fue particularmente dura en el freno compulsivo a la expansión de los cultivos ilícitos de coca, respetandose tan solo algunas regiones en los Yungas de La Paz tradicionalmente productoras de hoja de coca destinada a la masticación tradicional y otros usos rituales. En ese tiempo comenzaron a aplicarse los programas de desarrollo alternativo con el propósito de sustituir la producción de coca ilegal por otros productos agrícolas exportables y de atractiva rentabilidad.
En todo ese tiempo, la óptica de los EE.UU respecto a la lucha antidroga partía de la premisa de que “coca es cocaína” y en función de esa percepción se presionaba a los sucesivos gobiernos para aplicar simultáneamente acciones de interdicción al narcotráfico mediante la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN) y erradicación forzosa de plantaciones de hoja de coca consideradas ilícitas, primero en el trópico de Cochabamba y, luego, incluso en los Yungas de La Paz, donde se detectó cultivos de coca excedentarios por encima de las 12 mil hectáreas permitidas por ley para el consumo tradicional.
La satanización de la hoja de coca se mantuvo sin barreras hasta el año 1990, cuando el gobierno de Jaime Paz Zamora, contrariando a Washington, proclamó que “coca no es cocaína”.Hubo entonces un aflojamiento en las acciones de erradicación de cultivos ilegales, lo cual determinó un notable incremento en la producción boliviana de hoja de coca en esos años.
Los gobiernos que se sucedieron entre 1995 y 2005, siempre con asistencia económica y técnica de EE.UU., continuaron con la lucha antidroga, logrando incautaciones cada vez mayores de cocaína y marihuana, pero fracasaron en diversos intentos para contener la expansión de los cultivos ilegales de hoja de coca. Pese a la erradicación ininterrumpida de cocales ilícitos éstos se multiplicaron no sólo en el trópico de Cochabamba y en los Yungas de La Paz, sino también en diversas zonas del departamento de Santa Cruz.
Esa década también fue de fortalecimiento progresivo del sindicalismo cocalero bajo la dirección de Evo Morales cuya figura comenzó a agigantarse tras la creación del Movimiento al Socialismo (MAS) como instrumento político y la participación de este partido primero en elecciones municipales donde cosechó triunfos iniciales, luego en elecciones nacionales cuando obtuvo varios diputados, entre ellos Evo Morales; después en las elecciones generales del 2002 cuando Evo se coloca entre los dos candidatos más votados y, finalmente, en la última elección general de diciembre pasado cuando el voto popular convierte a Evo Morales en Presidente de la República por mayoría absoluta, con el 54 % de la votación
Han pasado escasos diez días del gobierno de Evo Morales. Los cambios en diversas áreas se van dando. Y, como no podía ser de otra manera, uno de los más notables se registra en la política gubernamental sobre la hoja de coca. El lema de “coca cero” que en 1998 enarboló Banzer y que no pasó de ser un saludo a la bandera quedó definitivamente tras. Ahora, Morales fue categórico al afirmar que la polìtica antidroga de su gobierno se cumplirá bajo el lema de “cocaína cero” no de “coca cero”.
Pasando de las palabras a los hechos y cumpliendo una promesa electoral, Evo despenalizó los cultivos excedentarios de hoja de coca al anunciar que su gobierno respetará el cultivo de un “cato” de coca (1.860 m2) por cocalero en el trópico de Cochabamba. Así la extensión de cultivos de coca correspondiente a muchos miles de “catos”, antes considerada producción ilícita, ahora es legal. Más aún, para no dejar margen a dudas, nombró al dirigente cocalero Felipe Cáceres como viceministro de Defensa Social (zar antidrogas).
Al respecto un dirigente cocalero explicaba que los sindicatos cocaleros han recibido la instrucción de controlar que no haya cultivos ilegales y que se respete el cato de coca, añadiendo que cualquier cocalero que se descubierto en “actividad ilícita” (léase fabricando cocaína) “será expulsado de la zona”.
Dentro de este “cambio trascendental” en la política gubernamental sobre la coca y la cocaína, lo que podría considerarse como el mayor triunfo del presidente Evo Morales es la declaración pública del representante de la Oficina Antinarcóticos de la Embajada de los Estados Unidos, William Francisco Ill quien dijo: “La lucha para nosotros no es contra la coca, sino contra la cocaína. Sabemos que ustedes utilizan la coca desde la época milenaria por sus cualidades medicinales. Nosotros sólo les ayudaremos en la lucha contra el narcotráfico.” Sin embargo, a continuación el funcionario estadounidense, como quien no dice nada grave, anunció una reducción de 10 millones de dólares en la ayuda de EE.UU. para ese fin… A buen entendedor pocas palabras.
Así, de “controlados” los cocaleros han pasado a “controladores” de la producción ilegal de hoja de coca. ¿No será esto como encargar a los ratones de la despensa que cuiden los quesos?
MINUCIO
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