Un mes en el gobierno puede ser tiempo muy corto... o muy largo, según quien mire y el color del cristal con que se mira, o según las pretensiones y proyectos de los personajes involucrados. En este caso el principal involucrado para llevar adelante un cambio en democracia es el presidente Evo Morales, cuyo lema es refundar Bolivia a la velocidad del rayo, tarea que el mandatario parece ver como algo tan fácil como derribar una pared para poner otra en su lugar.
Obsesionado con ese propósito Evo trata de avanzar cual topadora llevándose por delante cualquier obstáculo. El problema es que los obstáculos no son materiales sino de orden legal, en otras palabras se trata de cómo hacer las cosas sin atropellar las leyes ni la Constitución Política del Estado que hace un mes, al asumir el mando, juró "respetar y hacer respetar".
En comentario anterior, como botones de muestra respecto a la vocación autoritaria de Evo Morales señalamos el cambio del Alto Mando Militar que hizo "arrugando" la Ley Orgánica de las FF.AA.; los descabezamientos de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional mediante presiones a sus presidentes; y su ofensiva para forzar la renuncia del presidente y vocales de la Corte Nacional Electoral denunciando un supuesto fraude en las pasadas elecciones. Las autoridades de ese órgano rechazaron tal denuncia y continúan en sus puestos, atentos a una nueva arremetida presidencial.
Otros sectores en los cuales el presidente Morales puso en su mira y descabezó, sustituyendo de un plumazo a sus máximos ejecutivos, fueron el Servicio Nacional de Caminos, Impuestos Nacionales, la Aduana Nacional y varias superintendencias sectoriales. De nada sirvió que esos altos funcionarios hubiesen accedido a sus cargos dentro del proceso de institucionalización de la función pública que establece mecanismos legales para su reemplazo, previo proceso administrativo.
El procedimiento, torpe y expeditivo, es siempre el mismo: primero denuncias de corrupción superlativa en esas instituciones, sin ningún aporte de pruebas; luego, nombramiento de nuevas autoridades "interinas" mediante decretos. Las designaciones "a dedo", más conocidas como "dedazos", porque no emergen de concurso de méritos ni exámenes de competencia, son pan de cada día en el Palacio de Gobierno, tanto que el tradicional calificativo de "dedazo" ha sido sustituido por "evazo".
El presidente Morales justifica esos nombramiento "a dedo" -sus "evazos"- afirmando que la conducción de instituciones públicas requiere personas honradas que luchen contra la corrupción, siendo secundarias su idoneidad profesional, méritos y experiencia. Las últimas designaciones de una periodista a la cabeza de la Aduana Nacional; de una economista, ex gerente administrativa del Servicio de Caminos, como nueva presidenta de esta entidad; y de un abogado para conducir Impuestos Nacionales ha suscitado muchas críticas, incluyendo denuncias de nepotismo, vicio que fue satanizado por Evo Morales y el MAS cuando eran oposición.
La nueva presidenta de la Aduana Nacional, Marcia Morales Olivera, es hija de Manuel Morales Dávila, ex diputado masista y ex candidato a prefecto de La Paz, perdedor en la última elecciones: es también hermana de Manuel Morales (hijo), asesor del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Cuando le preguntaron a Marcia ¿cómo administrará la Aduana, entidad especializada en comercio exterior, siendo ella comunicadora social?, respondió: "No sé nada en absoluto, no tengo ningún conocimiento en materia aduanera y les comuniqué esta debilidad al presidente Evo Morales y al vicepresidente Alvaro García Linera cuando me invitaron a ocupar este cargo. Sin embargo, ambas autoridades me indicaron que lo fundamental para dirigir y aplicar cambios en la Aduana es la honestidad y la militancia en el MAS. La garantía que doy es que soy una mujer honesta y con ganas de trabajar."
Más claro...agua.
MINUCIO.
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