Una demanda de mejoramiento salarial de policías de mediano y bajo rango que se inició hace dos días con una huelga de hambre de directivos de la Asociación Nacional de Suboficiales y Clases de esa institución (ANSCLAPOL), amenaza complicarse y derivar en presiones mayores ante la negativa de las autoridades del sector para dialogar y buscar una solución al problema.
El conflicto se desencadenó a principios de esta semana tras difundirse la noticia de que el Poder Ejecutivo había otorgado un incremento salarial a las Fuerzas Armadas en porcentaje que quintuplica al 3 % que recibieron los policías. Ese aumento fue calificado de discriminatorio por los suboficiales y clases de la Policía que exigen una nivelación salarial con los militares.
La ministra de Gobierno, cabeza del sector de seguridad, rechazó de plano cualquier posibilidad de dialogar bajo presión e instó a los dirigentes de ANSCLAPOL a deponer acciones de hecho y canalizar sus demandas por los conductos regulares; además, denunció que el movimiento policial responde a consignas políticas de la oposición para desestabilizar al régimen. Esta actitud ha irritado a los policías que anunciaron escalada de sus presiones y masificación de la huelga de hambre con incorporación de sus esposas e hijos.
Hasta este viernes la presión policial está limitada al ayuno de los dirigentes de ANSCLAPOL sin que haya sido afectada la normalidad de los servicios de seguridad y vigilancia que rutinariamente cumple esa institución a escala nacional.
Sin embargo, la negativa gubernamental a dialogar hace temer que esa normalidad pueda ser alterada por un eventual repliegue de efectivos policiales a sus unidades. Esta posibilidad parece haber sido prevista por el gobierno que instruyó a las Fuerzas Armadas mantenerse en estado de alerta con acuartelamiento de sus efectivos.
Ante todos estos hechos que parecen calcados de un sangriento episodio pasado que enlutó al país a principios del año 2003, cuando un reclamo salarial de los policías degeneró en repliegue a sus cuarteles y posterior motín cuyo sofocamiento dio lugar a lucha armada entre policías y militares, con saldo de muchos muertos y heridos entre la población civil. Ese triste suceso, que se recuerda como "febrero negro", marcó el principio del fin del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada quien fue derrocado siete meses después por el pueblo movilizado y tuvo que huir del país en octubre de aquel año.
Hay preocupación en la ciudadanía, porque nadie quiere que esa historia se repita.
MINUCIO
- Comentarios al e-mail: boliviscopio@hotmail.com