Armando Mariaca V.
La historia de los pueblos pobres muestra situaciones de injusticia, generalmente producidas por el hegemonismo de los países ricos y desarrollados que siempre han buscado demostrar que tenían más fuerza para dominar, para imponer sus normas, condiciones y hasta modos de vida. La existencia de los países del Tercer Mundo – especialmente desde mediados del siglo pasado o inmediatamente terminada la segunda guerra mundial – tiene la característica de haber sido utilizados, simplemente, como productores de materias primas y ser aportantes a la causa de “las libertades, la democracia” y otros bienes que debe tener la humanidad; esto ocurrió especialmente durante el gran conflicto de 1939 a 1945 en que los países aportaron con materia prima para “derrotar a las fuerzas del Eje”, conformadas por Alemania, Italia y Japón.
En los últimos sesenta años se ha sufrido serie de imposiciones: primero, la lucha sin cuartel contra las fuerzas del Eje; luego, la guerra contra la posible “invasión comunista”; después, las grandes batallas contra las drogas y el narcotráfico; luego, para imponer la Democracia y, para concluir en este tiempo, los grandes acuerdos para combatir al terrorismo. Todos los países pobres – sea por convicción o por necesidad o por conveniencias políticas o por acuerdos especiales con sus fuerzas armadas, o por muchas razones y hasta sinrazones – ingresaron en los acuerdos. El país impulsor de estas políticas fue Estados Unidos; sus diferentes gobiernos vieron la urgencia de no “caminar” solos sino hacer partícipes de esos “ideales” a los países dependientes y pobres. Uno de ellos es Bolivia que, de una u otra manera, está atada a convenios y acuerdos que la obligaron a soportar situaciones nada acordes con la soberanía y la dignidad del país.
Son muchos los casos en que, por razones políticas o económicas, los gobiernos tuvieron que agachar la cabeza y sentir la imposición de ciertas medidas que mellaron nuestra dignidad y nuestro sentido de soberanía. Los casos son muchos; pero, para simple muestra, baste recordar el de “120 soldados norteamericanos que llegaron a nuestro territorio para cumplir tareas de acción cívica”. La tarea cumplida fue – así se explicó – “construir letrinas en Santa Ana de Yacuma”. Las autoridades parece que quedaron satisfechas con la explicación y nunca más se dijo nada al respecto y, por supuesto, las letrinas podían haber sido construidas, y con ventaja, por pocos albañiles bolivianos.
Los casos proliferan con el tiempo y conforme a las conveniencias de determinadas entidades o instituciones: así el caso de los misiles chinos “que debieron ser entregados a los EE.UU.”; la exigencia de que el Parlamento boliviano “otorgue inmunidad a soldados estadounidenses en determinados juicios”; las disminuciones en los aportes para combatir al narcotráfico, pese al Convenio de Viena de 1988 que establece “responsabilidad compartida” para combatir a las drogas y, cumplimiento de la parte sustantiva que corresponde a los países ricos: invertir en los países pobres para crear riqueza que, a su vez, genere empleo y logre disminuir la pobreza. ¿Qué surgió en cambio y cómo se cumplió? Entrega como ayuda de determinadas sumas – millones de dólares más o menos – para “combatir al narcotráfico porque Bolivia, Colombia y Perú con la producción de drogas y su oferta en los países ricos, ha incrementado el consumo” cuando la realidad es que la demanda de droga es de los desarrollados que ha dado lugar a la mayor fabricación, producción alentada, propiciada y auspiciada por los “grandes empresarios de las drogas” que se encuentran en los países ricos y, con la premisa – sabida y comprobada – que todas las grandes utilidades del narcotráfico se invierten en los países ricos y son migajas las que quedan en las naciones productoras de droga, a más de gran secuela de consumidores.
Hoy por hoy, nuestro país ha recibido el ultimátum de que “se quita toda la ayuda a las Fuerzas Armadas porque no se cumplieron regulaciones del ejército de EE.UU. para designar alguna autoridad militar y que, por ello, también se recogerán las armas”. Un chantaje que es inaceptable, una actitud que jamás se puede endilgar al pueblo de los Estados Unidos pero que sí es impuesto por su gobierno y sus fuerzas armadas porque se cree que en Bolivia, como en los demás países pobres, su sentido de soberanía y dignidad debe estar supeditado, amarrado por la dependencia y la pobreza a los posibles donativos o a las ayudas o contribuciones de quienes tienen por demás y no trepidan en lo más mínimo en desprenderse de lo que les sobra.
La actitud del Presidente de la República, al rechazar imposiciones, es digna y plausible porque Bolivia, rica en posibilidades para salir de la pobreza y el subdesarrollo, tiene dignidad y cuida su soberanía que no pueden estar supeditadas a intereses subalternos, hegemónicos, mezquinos, impropios de un gobierno que representa a un país que es campeón de la Democracia y las libertades como siempre fue el pueblo de los Estados Unidos.
Nuestra pobreza y dependencia no puede ni debe acrecentarse por el chantaje, por la dádiva, por la voluntad del limosnero que da préstamos, “ayuda” y contribuye en situaciones de crisis tan sólo porque nos considera el mendigo que espera con las manos extendidas. La dignidad de los bolivianos no debe permitir que se nos imponga situaciones de humillación y menosprecio de nuestras libertades y derechos.
- Comentarios al e-mail: boliviscopio@hotmail.com