“Por la preservación del Estado de Derecho y en defensa de la institucionalidad democrática” es el título de un Manifiesto emitido por la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Judicatura y las nueve cortes superiores de distrito de todo el país, acusando a los poderes Ejecutivo y Legislativo de impulsar una campaña mediática “para desestabilizar a la Justicia por medio de la intromisión política y la rebaja salarial”. Esta queja del Poder Judicial en pleno, además de difundirse en el ámbito nacional, también tuvo resonancia en el plano internacional, pues fue enviada a todas las cortes supremas de América.
De ese modo se agravó inesperadamente el conflicto de poderes que había brotado hace un mes, cuando el presidente Evo Morales denunció sobornos en el Tribunal Constitucional tras la admisión de un recurso de inconstitucionalidad contra la intervención estatal en el Lloyd Aéreo Boliviano. Los magistrados de ese tribunal rechazaron indignados tal acusación y emplazaron al presidente a presentar pruebas o retractarse públicamente. No hubo ni pruebas ni retractación; sólo una tibia declaración del vocero presidencial aclarando que Morales no había denunciado sobornos, sino que solamente expresó sus “sospechas de parcialidad” en ese trámite.
La respuesta del Poder Ejecutivo al manifiesto del Poder Judicial no se hizo esperar. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, negó categóricamente que el gobierno esté promoviendo una campaña de desestabilización de los órganos judiciales e igualmente rechazó las acusaciones de “intromisión” vertidas en el manifiesto. Por su parte. Evo Morales, volvió a lanzar dardos contra los altos magistrados calificándolos de “vacas sagradas” insensibles a la política de austeridad que impulsa su gobierno.
Al margen de estas denuncias y desmentidos, cabe señalar que, en verdad, desde que Evo Morales asumió la presidencia el pasado 22 de enero fue constante su ofensiva verbal contra altos magistrados del Poder Judicial, lanzando graves acusaciones que hasta hoy no han sido probadas, pero que tuvieron un efecto intimidante sobre los aludidos, varios de los cuales terminaron renunciando “por motivos personales”.
Como ejemplo, recordemos que luego de reasumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el ex presidente Eduardo Rodríguez fue amenazado por Evo y por el MAS con juicio de responsabilidades por “traición a la patria” a raíz de la desactivación de misiles chinos realizada por autoridades militares en su gestión y con otros juicios de responsabilidades por otros motivos. La ofensiva se aplacó cuando Rodríguez presentó su renuncia.
Otro ejemplo. En sus tres meses de presidencia Morales hostigó duramente a los miembros de la Corte Nacional Electoral acusándolos de fraude en las últimas elecciones. Dos de los cinco vocales de esta corte terminaron renunciando “por motivos personales”. Ahora los ataques de Evo se concentran sobre Salvador Romero, nuevo presidente del órgano electoral, quien parece decidido a mantenerse firme en su puesto, impermeable a los ataques gubernamentales.
Con el Tribunal Constitucional, como ya se ha visto, el tiro le salió por la culata al presidente. Los magistrados no se amedrentaron con las acusación de soborno y reaccionaron exigiéndole a Evo pruebas que no pudo presentar porque no existen. Y fue esa la gota que colmó el vaso porque todos los órganos del Poder Judicial se unieron para denunciar ante el país y el mundo las acciones desestabilizadoras de la Justicia que aplica el gobierno. El Manifiesto lo dice muy claramente.
Por este motivo, y también porque muchos magistrados no están dispuestos a sufrir rebaja de sus sueldos, las vacancias han aumentado en los más altos tribunales del Poder Judicial. No será fácil para el gobierno acomodar en esos espacios a sus adherentes, porque el nombramiento de nuevos magistrados de la Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y Corte Nacional Electoral, requiere de dos tercios de votos congresales, lo cual necesariamente obligará a la búsqueda de consensos entre el oficialismo y la oposición.
Como la posibilidad consenso entre esos frentes es cada vez más remota, todo indica que las cosas seguirán así, quién sabe hasta cuando.
MINUCIO
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