Tras 80 años de volar por los cielos de Bolivia, América y Europa, el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) está en picada, cayendo vertiginosamente con riesgo inminente de estrellarse y desaparecer.
Hasta hace tres meses el LAB estaba operando en todas sus rutas sudamericanas, además de Miami, Washington y Madrid, lo cual le permitía un flujo de caja apretado, suficiente para cubrir sólo los gastos operativos imprescindibles (combustible, alquiler de aviones, mantenimiento, seguros y su planilla con atrasos cada vez mayores). De ese modo, las obligaciones por aportes laborales a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) e impuestos fueron acumulándose hasta alcanzar cifras millonarias.
Una huelga de pilotos desatada hace 50 días puso al desnudo la fragilidad económico financiera del LAB, pues bastaron ocho días de paralización de vuelos para que la aerolínea bandera de Bolivia comience a tambalear por la drástica disminución de sus ingresos, incumplimiento de compromisos con sus proveedores y acreedores, e imposibilidad de pagar oportunamente sueldos a su personal de aire y tierra lo cual añadió a la crisis empresarial un ingrediente de tensión social agudizada por la ingerencia política gubernamental en el conflicto.
La actitud radical de los pilotos que rechazan cualquier diálogo con la parte empresarial y exigen la nacionalización del LAB dio lugar a una “intervención preventiva”por parte del Poder Ejecutivo. Durante el tiempo de la intervención los vuelos del LAB se reanudaron parcialmente bajo amenazas de la empresa “Pegasus” de quitar al LAB dos aviones alquilados, precisamente los de mayor capacidad con los que se cubre la rutas a EE.UU. y Madrid. En ese corto tiempo la situación del LAB empeoró, al extremo de que no había dinero ni para comprar combustible, lo que obligó a reducir vuelos.
Cuarenta días de intervención estatal terminaron abruptamente cuando el Tribunal Constitucional (TC) admitió una demanda de inconstitucionalidad de la intervención presentada por el directorio del LAB. Tal admisión, que no implica pronunciamiento del TC sobre el fondo de la demanda, obliga a la parte demandada a inhibirse de actuar en tanto el TC emita sentencia. Por tanto la intervención quedó paralizada, hecho que fue aprovechado por el Poder Ejecutivo para darla por concluida, con evidente alivio gubernamental porque se notaba que el LAB era un “papa caliente” en manos del interventor improvisado.
La admisión de esa demanda, sin embargo, fue aprovechada por el presidente Evo Morales para descalificar a todos los miembros del Tribunal Constitucional acusándolos de haber sido sobornados por la parte empresarial del LAB. Los magistrados reaccionaron rechazando esa acusación y exigieron pruebas o retractación pública por parte del presidente. La decana del TC, Dra. Silvia Salame, hizo noticia cuando dijo que así se trate de Evo Morales o de Perico de los Palotes, la acusación de soborno tenía que ser probada o caso contrario dar lugar a una retractación pública. La Corte Suprema de Justicia en representación del Poder Judicial se solidarizó con los magistrados del Tribunal Constitucional exigiendo también pruebas o retractación por parte del presidente. El conflicto de poderes estaba planteado.
Evo Morales no dijo ni chis ni mus, pero su vocero aclaró que el presidente no acusó en ningún momento a los magistrados de haber recibido sobornos sino que simplemente expresó su preocupación y sospecha de parcialidad en la admisión de esa demanda. Dando por cerrado el asunto, el vocero informó que no habrá ninguna retractación presidencial. Así quedaron las cosas.
Volviendo a la crisis del LAB cabe recordar que en 1995, según los términos de referencia de la capitalización el valor de los activos de la empresa ascendía a $us 134.4 millones, pero que su valor en libros era sólo de $us 25 millones. Dentro del proceso de capitalización el LAB fue adjudicado a la empresa Viacáo Aérea Sao Paulo S.A. (VASP) que ofreció $us 47.4 millones de dólares por el 50 por ciento de las acciones. El otro 50 por ciento se distribuyó entre las AFPs (48) y los trabajadores (2). Así, la aerolínea bandera boliviana pasó a manos del grupo brasileño Canhedo.
Sobre la gestión de la VASP el matutino “La Prensa” informa hoy que “Desde 1995 los capitalizadores no entregaron ni un solo centavo a favor de los bolivianos, según los informes de los administradores de fondos de pensiones Futuro de Bolivia y Previsión BBV. Por ,el contrario, el estado de ganancias y pérdidas muestra que la entidad perdió más de $us 14 millones el 1999; 7.4 millones en 2000; en 2001 no presentó balances; en 2003 lo hizo pero bajó su patrimonio a sólo dos millones de dólares”.
El 16 de noviembre de 2001 Ernesto Asbún aparece como accionista mayoritario del LAB (51 %), tras acuerdo entre bambalinas con Wagner Canhedo, presidente de la VASP. Según Asbún, actualmente sobre sus acciones pesan dos anotaciones preventivas, una de la VASP que reclama un saldo no pagado por la compra que hizo Asbún, y otra de las AFPs por aportes laborales retenidos y no transferidos a los fondos de pensiones.
Ahora, el gobierno ha propuesto una “intervención jurídico-laboral” al LAB para salvar a la empresa y salvaguardar los derechos de sus trabajadores. A diferencia de la anterior intervención por decreto supremo esta segunda sería hecha a solicitud de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs) para luego proceder al nombramiento de un “interventor jurídico”. Este es un embrollo que la ciudadanía no termina de entender.
Mientras las propuestas de solución a la crisis del LAB van y vienen, lo que no hay es dinero para que la aerolínea pueda reanudar con normalidad sus operaciones, lo cual puede desembocar en la muerte definitiva de la línea bandera de Bolivia. Si no acontece un milagro, ese desenlace fatal es cuestión de días o de semanas.
MINUCIO
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