¿Cómo se sentiría Ud., amigo lector, si de pronto le notifican que sufrirá una reducción del 30 por ciento de su salario, como aporte forzoso al partido para financiar gastos de campaña electoral con miras a la Asamblea Constituyente?. Sin duda, la primera reacción sería de sorpresa e incredulidad, para transitar luego a la indignación y terminar reprimiendo una silenciosa e impotente furia, debido a la certeza de que cualquier protesta, reclamo o rechazo a ese descuento de “aporte voluntario” significaría pérdida del empleo.
Muchos masistas que ejercen altas funciones en la administración pública han debido tragar sapos al recibir esa noticia difundida tras la clausura de un congreso del MAS en Cochabamba, donde Evo Morales dio su aprobación a una propuesta de dirigentes locales para que los militantes miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo, de alcaldías y gobiernos departamentales, contribuyan con el 30 por ciento de sus salarios a las arcas del MAS con destino a gastos de campaña electoral.
Un senador del MAS calculó que este descuento significará la reducción de Bs 3.000 de su dieta mensual que asciende a Bs 10 mil. Con los 7 mil restantes, dijo, tendrá que mantener a su familia radicada en otro departamento, pagar sus gastos personales de trasporte a la sede del gobierno cada semana, hotel y alimentación, además de otros imprevistos.
Cuando el periodista le preguntó al senador si le servía de consuelo pensar que al presidente Evo Morales le recortarán Bs 4.500 de su sueldo de 15.000, y casi la misma cantidad al vicepresidente García Linera, el respondió que ambos son afortunados porque como solteros no tienen familia que mantener ni hijos que alimentar, vestir y educar. Además el presidente tiene casa y comida gratis. “Tendré que estirar mi sueldo como chicle para hacer alcanzar”, concluyó.
En situación parecida se encuentran todos los altos funcionarios y parlamentarios. En los niveles inferiores de la administración pública el “aporte voluntario” para el MAS sólo es del 5 por ciento, lo cual obliga a un ajuste de cinturones de los empleados pero sin llegar al estrangulamiento. Peor sería quedar sin trabajo, dicen muchos de los afectados que prefieren poner al mal tiempo buena cara, más aún si los recursos succionados a sus salarios se destinarán a una “buena causa”: ganar las elecciones del 2 de julio y controlar la Asamblea Constituyente para asegurar la continuidad del MAS en el poder.
La política de austeridad impuesta por el gobierno ya significó una fuerte reducción salarial fluctuante entre el 50 y el 30 por ciento de las remuneraciones que percibían altos funcionarios del Poder Ejecutivo, desde el presidente de la República, quien de Bs. 30 mil (unos 3.700 dólares) bajó a 15 mil, (1.800 dólares aproximadamente) seguido del vicepresidente, ministros, viceministros y directores generales de ministerios, en porcentajes algo menores, bajo la premisa de que nadie en el sector público puede ganar más que el presidente de la república.
Esa reducción también se aplicó en porcentajes similares a diputados, senadores y funcionarios del Poder Legislativo. El recorte a los parlamentarios, por ejemplo fue del 50 % ya que las dietas fueron reducidas de Bs 20 mil a 10 mil. En el Poder Judicial muchos de los altos magistrados prefirieron renunciar y acogerse a la jubilación antes que sufrir la reducción. Otros no tuvieron más remedio que aceptar el recorte hasta un monto muy cercano al sueldo presidencial, pero inferior al fin.
Si es verdad aquello de que las elecciones se ganan con dinero, el MAS tiene asegurado su triunfo el 2 de julio, porque mientras sus arcas engordan a costa de succionar aportes voluntarios (léase forzosos) de los masistas, los partidos opositores están al borde de la indigencia, totalmente carentes de recursos. Las esperanzas que tenían de recibir una subvención estatal establecida en la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente se disipan por la negativa del MAS a rectificar legislativamente un error de porcentaje en el Art. 31 de esa ley que registra 1.25 POR CIENTO del Presupuesto Consolidado de la Nación, como monto destinado al financiamiento estatal de los partidos, en lugar de 1.25 POR MIL que fue lo consensuado congresalmente.
Para corregir ese error se requiere mayoría congresal de dos tercios, vale decir apoyo de la bancada del MAS. Sin eso el financiamiento estatal es inviable. El MAS ya anunció que no dará ese apoyo. Por tanto, no habrá financiamiento estatal. Los partidos opositores tendrá que arreglárselas como puedan para costear sus campañas o dar un paso al costado.
A escasos 65 días de las elecciones ese es el panorama.
MINUCIO
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