La redistribución de escaños parlamentarios conforme a los resultados del último censo de población (2001) se ha tornado una pesadilla, no sólo para los poderes Legislativo, Ejecutivo y la Corte Nacional Electoral, sino también para todos los bolivianos que, por este motivo, nos encontramos sumidos en densa incertidumbre respecto a las elecciones generales convocadas para el 4 de diciembre.
Desde agosto pasado ya se veía venir este enredo. Estaba cantado. El conflicto entre regiones se hizo previsible en cuanto el Tribunal Constitucional (TC) admitió una demanda cruceña de inconstitucionalidad del artículo 88 de la Ley Electoral. Entonces, el Congreso podía haber actuado para congelar esa demanda mediante una ley interpretativa del Art. 60 que hubiera hecho innecesario un fallo del Tribunal Constitucional. Pero no hizo nada. Sólo asumió el papel de espectador ante una seguidilla de recursos de inconstitucionalidad que apuntan a desbaratar las elecciones de diciembre.
Ahora la parálisis institucional continúa. Diputados y senadores se dan cabeza con cabeza sin saber cómo resolver el problema de la redistribución de escaños de modo que no se frenen las elecciones ni se desencadene una confrontación regional de imprevisibles consecuencias. En lugar de tomar la iniciativa el Congreso ha optado por una cómoda actitud pasiva de pasarle la pelota al Tribunal Constitucional instándole a acelerar sus fallos sobre los otros recursos de inconstitucionalidad que tiene en mesa, para después decidir lo que hará.
Los parlamentarios parecen no percibir que después de las sentencias del TC ellos no tendrán ya nada que hacer sino acatarlas, como acontece ahora con el reciente fallo que anuló el artículo 88 del Código Electoral , lo cual automáticamente obliga a una inmediata redistribución de escaños parlamentarios. Esta parálisis congresal congela también al Poder Ejecutivo y a la Corte Nacional Electoral que nada pueden hacer mientras no surja un pronunciamiento congresal.
Si todo sigue así, el desastre nacional será inevitable. Por ello, urge avizorar alguna solución que conjugue el respeto al fallo del Tribunal con las diversas posiciones regionales.
A la brevedad posible, sin esperar que el Tribunal Constitucional dicte sentencias sobre otros recursos anti-elecciones el Congreso tendría que sancionar una Ley Interpretativa del artículo 60 de la Constitución, reformando sus incisos I y VI.
El I) señalando que “La Cámara de Diputados se compone de 130 miembros como mínimo. Este número será incrementado de acuerdo a los resultados del último censo”.
El VI añadiendo a su texto actual un párrafo que diga: “Si las variaciones poblacionales dan lugar al incremento de escaños en algunos departamentos, ellos se sumarán a los 130 establecidos como mínimo en el inciso I), sin disminuir escaños a ningún departamento.”
Simultáneamente el mismo Congreso tendría que aprobar un nuevo artículo 88 del Código Electoral con el siguiente texto:
ARTICULO 88.- (Composición de la Cámara de Diputados). La Cámara de Diputados se compone de 130 miembros básicos, fijos y permanentes, más otros variables que se añadirán a ese número después de cada censo nacional, según los incrementos poblacionales que se vayan registrado en cada departamento.
Las variaciones en esta composición serán determinadas por ley después de cada Censo de Población. Los aumentos de escaños a los departamentos cuya población creció se harán siempre en la categoría de diputados uninominales. No habrá reducción de escaños a ningún departamento, aunque disminuya su número de habitantes."
Estas modificaciones solucionarían definitivamente, a presente y a futuro el tema de los escaños. Primero, porque se cumpliría el fallo del Tribunal Constitucional. Segundo, porque Santa Cruz y Cochabamba se beneficiarían con incremento de sus parlamentarios en la Cámara Baja conforme a los resultados del último censo de población. Tercero, porque los departamentos cuya población decreció ya no tendrían motivo de queja al mantenerse invariables sus cupos de diputados.
La ley interpretativa que sugerimos también daría luz verde a la
Corte Nacional Electoral para continuar con el proceso haciendo los ajustes que correspondan a fin de viabilizar el incremento de diputados en algunos departamentos y rediseñar circunscripciones territoriales donde corresponda, sin modificar la fecha de las elecciones generales.
Algunos parlamentarios probablemente digan que esta solución sería inconstitucional, pero, antes de hacerlo tendrían que ponerse la mano al pecho y preguntarse cuántas veces han conculcado deliberadamente la Constitución por motivos sectarios. Ahora se trata de evitar un enfrentamiento entre regiones y el retorno de la convulsión social permanente. Está en juego la suerte de Bolivia, no otra cosa.
A los diputados y senadores que buscan evitar las elecciones del 4 de diciembre mediante "recursos de insconstitucionalidad", soñando continuar en sus curules y percibiendo dietas hasta el 2007, sólo hay que recordarles que en junio pasado el acuerdo político para convocar a elecciones generales en diciembre los salvó de ser expulsados con ignominia del Congreso por el pueblo enardecido.
MINUCIO