Mañana, martes 15 de noviembre, fenece el plazo de 180 días establecido por la nueva Ley de Hidrocarburos para la “migración” (adecuación a la normativa vigente) de los contratos entre el gobierno y las empresas petroleras transnacionales que operan en Bolivia.
Tal “migración” no se ha producido, lo que se interpreta como un triunfo de las petroleras en el primer round de la lucha boliviana por la recuperación del dominio real sobre su riqueza hidrocarburífera, con participación justa en los beneficios generados por la explotación y comercialización de esos recursos.
¿Cuáles han sido las causas para que no se haga efectiva esa “migración” de contratos dispuesta por la Ley 3058 que actualmente norma las relaciones entre las empresas petroleras y el gobierno?. ¿Por qué el Poder Ejecutivo no hizo cumplir lo dispuesto por esa ley dentro del plazo fijado para la adecuación?. La respuesta a estas preguntas sólo es conocida en este momento por la cúpula del Poder Ejecutivo cuyos voceros mantienen boca cerrada frente a la prensa.
¿Por qué tanto secreto?...Es un misterio que será despejado por el presidente Eduardo Rodríguez Veltzé en las próximas 24 horas cuando, al filo del vencimiento del plazo, dirija un mensaje a la Nación y remita al Poder Legislativo un informe completo sobre la “migración” de los contratos y el accionar del gobierno durante el último semestre para avanzar hacia esa meta.
Es previsible que el informe presidencial al Congreso sea acompañado por un proyecto de ley ampliatoria -al menos en otros 180 días- del plazo para la migración de contratos. Sin embargo, tal propuesta daría lugar a candentes debates porque si bien existen parlamentarios que consideran razonable un alargamiento del plazo, otros rechazan tajantemente tal posibilidad, llegando al extremo de amenazar con un juicio de responsabilidades al presidente Rodríguez y a sus colaboradores por no haber hecho cumplir la ley.
Por otro lado, parece ir ganando terreno dentro del Congreso la posición dura que exige declarar nulos de pleno derecho todos los contratos con las petroleras por ser inconstitucionales, al no haber sido aprobados por el Poder Legislativo, tal cual manda la Constitución Política del Estado. Quienes reclaman la nulidad sostienen que jurídicamente esos contratos son inexistentes, por lo cual no cabe ninguna “migración” o adecuación a la nueva Ley de Hidrocarburos.
Las transnacionales petroleras, por su parte, guardan discreto silencio, limitándose a observar desde palco los acontecimientos. De hecho, han ganado el primer round sin dar ni un golpe, debido al fenecimiento del plazo de 180 días sin que se haya producido la “migración”. Desde un principio ellas no querían migrar...y no han migrado.
La ciudadanía está atenta a lo que dirá el presidente Rodríguez en su mensaje, mañana.
MINUCIO
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