El plan de austeridad lanzado por el presidente electo Evo Morales se ha convertido en tema polémico, motivando apoyos entusiastas por un lado, rechazos categóricos por otro, y posiciones intermedias que aconsejan obrar con prudencia para evitar distorsiones irracionales en la curva salarial del sector público.
Cuando Evo Morales anunció que su gobierno aplicará un severo recorte salarial
en la administración pública, comenzando por reducir en cincuenta por ciento el sueldo presidencial y que recorte similar se aplicará en todo el aparato estatal, incluyendo a los parlamentarios, obviamente cundió el pánico entre los empleados públicos cuya gran mayoría percibe remuneraciones que no pueden considerarse altas.
Ese temor generalizado fue percibido por la dirigencia del MAS que se apresuró en aclarar los alcances del anuncio de austeridad hecho por Morales: La reducción se aplicaría sólo a los sueldos del Presidente de la República, Vicepresidente, ministros y viceministros, así como a los senadores y diputados...nada más. De ahí para abajo las remuneraciones se mantendrían sin variación.
Los empleados públicos se tranquilizaron, pero las dudas sobre la viabilidad del plan se multiplicaron, pues, una reducción selectiva tal cual señalaba la aclaración masista ocasionaría un tremendo desbarajuste en la curva salarial del sector público porque el Presidente de la República percibiría un sueldo de Bs.15.000, inferior en mil al de un Director General de ministerio que actualmente gana 16.000 y que no sería afectado por la reducción.
Evidentemente algo no está bien en este plan de austeridad. Se lo ve medio cojo.
Otro ejemplo. El presidente de la Corte Suprema de Justicia gana Bs.30.000. Si la austeridad se aplica tal como está concebida por el MAS, este magistrado quedaría ganando el doble que el Presidente de la República, lo cual sería absolutamente irracional. Además, si el recorte llegara a la cúpula del Poder Judicial el mismo presidente del más alto tribunal adelantó que renunciaría de inmediato porque no aceptaría tal reducción.
Debido a la independencia de poderes consagrada por la Constitución Política del Estado, el Poder Legislativo tiene la facultad de fijar su presupuesto así como el monto de las dietas parlamentarias. El anuncio de reducción de estas dietas a la mitad, hecho por Evo Morales, podría ser tachado como intención de avasallamiento de un poder del Estado a otro. Sin embargo, caber suponer que el presidente electo habló así porque su partido, el MAS, cuenta con amplia mayoría en el Congreso donde el tema de las dietas se define por simple mayoría de votos.
Otro anuncio de Morales relacionado con el Parlamento es la eliminación de sueldos a los senadores y diputados suplentes quienes actualmente perciben cada mes media dieta, hagan o no hagan suplencia. Esta práctica, abusiva a todas luces, porque implica ganar un sueldo sin trabajar, siempre fue duramente criticada por la ciudadanía y es, sin duda, una de las causas del descrédito parlamentario. Antes –hasta hace 15 años- los suplentes eran remunerados únicamente cuando suplían a los titulares y con un monto acorde con el tiempo de duración de la suplencia. Pagar dietas a suplentes que no trabajan es un derroche inadmisible. Sería bueno que la racionalidad vuelva a imperar en el Congreso.
No obstante la mayoría que tiene el MAS en el nuevo Congreso Nacional, es previsible que el tema de la reducción de dietas parlamentarias a la mitad, y la eliminación de pagos a los suplentes cuando no suplen, serán motivo de un candente debate entre el oficialismo masista y la oposición.
MINUCIO
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