Cuando el Congreso se dispone a iniciar la cuarta semana de darle vueltas y revueltas al problema de la redistribución de escaños parlamentarios, sin lograr consenso sobre una fórmula para resolverlo, nos parece oportuno intentar una variación a tema tan trillado, haciendo notar que resulta inapropiado el uso de la palabra “escaños” para describir las sillas giratorias que sirven de sostén a las honorables posaderas de senadores y diputados.
En efecto, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, escaño “es un banco con respaldo y capaz para sentarse tres, cuatro o más personas”, vale decir que como objeto material sirve para dar asiento a varios sujetos, lado a lado y codo a codo. Simbólicamente esta función es representativa de unidad y armonía, pues el compartir un mismo escaño exige cierto grado de amistad y concordancia o, por lo menos tolerancia y respeto mutuo. No es concebible que un mismo escaño sea compartido por enemigos, ni siquiera por rivales circunstanciales, porque harían “corto circuito” y una gresca sería inevitable.
Un nombre más apropiado para las sillas donde reposan cotidianamente los parlamentarios sería “curules”, denominación que en la antigua Roma se daba a unas sillas de marfil en que sentaban ciertos magistrados, especialmente los ediles. El curul es individual, lo cual marca diferencia con el escaño que es colectivo. Por tanto, los muebles que actualmente usan como asientos nuestros senadores y diputados son “curules”, aunque el reluciente marfil de antaño haya sido reemplazado por materiales menos lujosos como la madera y el cuero.
En la Constitución Política del Estado se utiliza la palabra “escaños” como sinónimo de “diputaciones”. Así, por ejemplo, se dice “la distribución total de escaños entre los departamentos...” o “por equidad la ley asignar{a un número de escaños mínimo para los departamentos de menor población...” etc. Es por esto, sin duda, que toda la discusión actual gira en torno a la “redistribución de escaños parlamentarios”, dando por sobreentendido que se trata de redistribuir diputaciones, aumentado a unas regiones y quitando a otras.
Se ha hecho evidente la incapacidad de los congresistas para solucionar este problema que se mantiene sin visos de solución aún después de que el Tribunal Constitucional, hace dos días, despejó el camino para las elecciones generales y prefecturales del 4 de diciembre al declarar constitucionales las convocatorias respectivas.
La paciencia del pueblo está agotada ante esta situación de empantanamiento y parálisis congresal. En varias regiones ya se han desencadenado medidas de presión, como huelgas de hambre y marchas de protesta. Por otro lado, la Confederación de Campesinos y la Central Obrera amenazan con bloqueos de caminos y cercos a la ciudad de La Paz y al Congreso si éste no resuelve el problema.
La próxima semana será decisiva.
MINUCIO
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