Ahora que el desabastecimiento de gas licuado para uso doméstico (GLP) ha sido momentáneamente aliviado, las autoridades tendrían que aplicar medidas imaginativas y prácticas para evitar que muy pronto resurjan las colas y protestas de amas de casa, no sólo en las ciudades de La Paz y El Alto sino también en otras urbes del país.
Está visto que nada se resuelve con decretos supremos, porque la causa profunda del problema radica en una brecha cada vez mayor entre la producción de ese carburante y la demanda del mismo. Producir más GLP está en manos de las petroleras transnacionales cuya posición es clara; para hacerlo tendrían que invertir más, lo cual sólo será posible si el gobierno les “garantiza” utilidades razonables. En buen romance eso significa quitar la subvención al GLP y subir el precio por garrafa.
No creemos que el gobierno pueda satisfacer esa exigencia de las empresas petroleras. Por tanto, es obvio suponer que al no cerrarse la brecha entre oferta y demanda de GLP el desabastecimiento no sólo continuará, sino que se agudizará.
Se ha comprobado que junto a esa causa mayor de la escasez existen otras menores pero significativas por la gran cantidad de garrafas que absorben con destino a otros usos ajenos al consumo doméstico, como su empleo en motorizados, la especulación y el contrabando.
¿Qué medidas habría que aplicar para frenar esos desvíos?
Primero: Colocar la demanda en el nivel de la oferta. ¿Cómo? Mediante un racionamiento temporal . Por los datos del último censo se sabe cuántas unidades familiares hay en cada ciudad en cada pueblo. Las juntas vecinales que existen en todas partes serían el canal para distribuir a cada familia, según su número de miembros, fichas canjeables por GLP en los camiones distribuidores. Esto, automáticamente frenaría la especulación mediante reventa.
Segundo: A los transportistas que utilizan GLP en vehículos de servicio público se les asignaría un cupo semanal de GLP, bajo control de sus sindicatos y la intendencia municipal, con la condición de que en los parabrisas delantero y trasero de sus vehículos pongan letreros advirtiendo a los usuarios que ese vehículo funciona con gas licuado en garrafa, carburante potencialmente peligroso, asumiendo cada pasajero su propio riesgo al embarcarse voluntariamente. Así no habría necesidad de acciones represivas policiales para decomisar “kits” en esos vehículos, ni de enfrentamientos entre policías y choferes El público usuario haría lo suyo.
Tercero.- A las panaderías también se les asignaría cupos semanales bajo control de las intendencias municipales que verificarían cotidianamente la utilización del GLP exclusivamente en el horneado, evitando desvío de garrafas al contrabando o especulación.
Cuarto.- La aplicación de estas medidas dejaría a la policía manos libres para combatir drásticamente el contrabando de GLP a países vecinos. Lo ideal sería que en este control colaboren las Fuerzas Armadas.
Si todo esto se hiciera, estamos seguros de que la demanda real de GLP se nivelaría con la oferta existente.
MINUCIO
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